ADMINPEDIA

EFICACIA:

Capacidad de producir efectos de los actos administrativos. Más
interesante que la pura definición de eficacia es apreciar su radical distinción del concepto de invalidez. Debido a la presunción de validez y eficacia característica de los actos administrativos, un acto inválido puede producir efectos jurídicos. Es preciso que la invalidez sea formalmente declarada por la Administración o, en su caso, el Juez, para que el acto deje de producir efectos.

ANULABILIDAD:

Grado de invalidez en que incurren todos aquellos actos que, por ser contrarios al ordenamiento jurídico, son inválidos y no son encajables en ningún supuesto de nulidad de pleno derecho. Constituye la regla general dentro de los grados de invalidez, siendo la nulidad de pleno derecho la excepción, tal y como se deduce del artículo 48.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo.

NULIDAD DE PLENO DERECHO:

Grado de invalidez predicable de los actos administrativos que vulneran de forma grave el ordenamiento jurídico-administrativo. Las causas de nulidad son tasadas y se recogen en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. Las principales características de los actos nulos son, en primer lugar, la imprescriptibilidad de la acción para hacer valer la nulidad, en segundo lugar, la posibilidad de enjuiciamiento de oficio y, en tercer lugar, la posibilidad de acudir a la revisión de oficio, además de a los recursos administrativos ordinarios, como un mecanismo más para declarar la nulidad del acto administrativo.

IRREGULARIDAD NO INVALIDANTE:

Precisamente de la distinción entre ilegalidad e invalidez surge esta categoría de la irregularidad no invalidante, reservada para todos aquellos actos administrativos que contradicen el ordenamiento jurídico sin revestir la gravedad suficiente para incurrir en la invalidez. Son actoss ilegales pero válidos. En España, el artículo 48.2 y 48.3 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo establece que son irregularidades no invalidantes los defectos formales siempre que el acto pueda alcanzar igualmente su fin y no causen indefensión en los interesados, y los actos dictados fuera de plazo por la Administración salvo que la naturaleza del plazo imponga su invalidez.

INVALIDEZ:

Valoración jurídica de una ilegalidad cuyo resultado es la desprotección por parte del ordenamiento jurídico de un determinado acto administrativo. Todo acto administrativo inválido es ilegal, pero no todo acto ilegal es inválido. La desprotección por parte del ordenamiento jurídico de un acto inválido se traduce en la posibilidad de impugnarlo para expulsarlo del mundo jurídico. Los dos grados de invalidez del acto administrativo reconocidos en el derecho administrativo español son la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad.

ILEGALIDAD:

Situación en la que se encuentra un acto administrativo que contradice objetivamente una norma. Dicho de otro modo, la mera discordancia entre el acto y la norma.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

Norma suprema del ordenamiento jurídico español a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España.

Entre su contenido destaca, por un lado, el reconocimiento y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos y, por otro lado, la estructura y organización de los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) así como su organización territorial.

Fue ratificada mediante referéndum por los españoles el día 6 de diciembre de 1978.

ACTO ADMINISTRATIVO:

Declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo, realizada por un sujeto de la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa. (Definición tradicional de Zanobini)

RECURSO ADMINISTRATIVO:

Acto del administrado mediante el que pide a la administración la anulación (total o parcial) de un acto administrativo que le resulta lesivo, por entenderlo contrario al ordenamiento jurídico.

SANCIÓN:

Acto administrativo por el que se impone un castigo por parte de la Administración Pública a quien ha cometido una infracción administrativa prevista en la Ley.